Altran ha presentado hoy el informe “Zero Roaming. A pitfall of European regulation”, en el que se citan las consecuencias que puede traer la regulación europea de roaming, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de junio.
A priori, se trata de una regulación que pretende favorecer el uso de datos móviles cuando los usuarios se encuentran de vacaciones en otros países pertenecientes a la Unión Europa, ya que a partir de ese momento no pagarán costes adicionales, solamente los asociados a su tarifa mensual.
Sin embargo, tras un exhaustivo estudio de la situación del mercado de las telecomunicaciones en la Eurozona por parte de la multinacional, se pueden extraer diversas consecuencias que perjudicarían especialmente a los países del sur de Europa, como España, Portugal, Italia, Grecia o Chipre.
La regulación europea se basa en que todos los operadores tendrán un precio fijo por Gigabyte de forma independiente al ciudadano que lo consuma. Sin embargo, los países con mayor renta per cápita, tradicionalmente los del norte, suelen ser los que más viajan por el viejo continente, y lo hacen con destino los países del sur. Esto implica que los operadores de España tendrán que invertir más en infraestructuras para poder proporcionar un servicio de calidad a todos (tanto a turistas como a sus clientes habituales), especialmente en épocas de consumos elevados, como son los meses de verano.
Y es aquí donde las compañías podrían experimentar unos costes reales de operación de red superiores al precio fijado en la regulación, algo que les obligaría a buscar ingresos adicionales para compensar el desajuste. Altran explica que una de las alternativas que barajan los operadores es la de repercutir en los consumidores la diferencia y que, por tanto “supondría la transferencia de renta de pobres a ricos”, tal y como señalaba durante la presentación del estudio Borja García-Canfrán, director asociado de Business Consulting: “los que viajan pagarán menos durante sus viajes, a costa de los que no lo hacen, que pagarán más, ya que las tarifas domésticas habrán sido aumentadas”.
Por otra parte, el informe saca a relucir una de las prácticas que con toda seguridad se producirán entre algunas operadoras –virtuales- de la Unión Europea y los consumidores: En países donde la inversión en infraestructura es mucho más reducida que en otros lugares (Estonia, Polonia, Lituania…) y, como consecuencia de ello, los costes tarifarios también lo son, se comercializarán tarjetas SIM que podrán ser adquiridas en dichos lugares pero utilizadas de forma habitual en aquellos con las tarifas más caras. La regulación europea no contempla estas prácticas como ilegales, pero, sin duda, sí son alegales.
Eulogio Naz, Advisory Board de Altran, apuntaba en este sentido una opción más enrevesada: “podría darse el caso de que una operadora virtual de un país que exporta turistas (Reino Unido, Francia, Alemania), vendiera a sus clientes tarjetas SIM provenientes de Estonia para cuando estos vayan de vacaciones a España”.
Son algunas de las “lagunas” encontradas por los responsables del estudio. Al ser preguntado por Silicon tras la rueda de prensa, García-Canfrán nos comentaba que estos fallos se verán más adelante, meses después de la entrada en vigor de la regulación europea en materia de roaming. “Es ahí donde la Comisión Europea tendrá que reaccionar actualizando la normativa”.
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