Airbnb, el site que permite a usuarios particulares poner en alquiler sus apartamentos o habitaciones como servicio de alojamiento, comenzó su actividad en 2008.
Desde entonces, su negocio se ha visto en muchas ciudades como una amenaza por intrusismo en la industria hotelera.
Concretamente en Nueva York la compañía está llamada a cooperar con la administración local para detectar posibles ofertas ilegales de alojamiento que utilizan su plataforma.
Hace varias semanas Airbnb se reunió con la Fiscalía General de Nueva York para ayudar en la investigación de hoteles irregulares que podrían estar operando a través de su red.
La empresa acaba de publicar en su blog que no prestará esta ayuda, ya que considera que la solicitud emitida por la Fiscalía va más allá de localizar a los infractores, demandando información de miles de huéspedes habituales en la ciudad de Nueva York a través de sus servicios.
La compañía corrobora en el blog su compromiso de luchar contra los operadores ilegales, “que nunca tendrán cabida en Airbnb”, pero ha presentado una moción en la Corte Suprema del estado de Nueva York para oponerse a esta demanda de datos que le ha exigido la Fiscalía.
“Estamos comprometidos con la defensa de nuestra comunidad“, afirma David Hantman, director de política pública de Airbnb, en el post oficial de la empresa.
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