Airbnb, multada con 30.000 euros por la Generalitat por competencia desleal

El consumo colaborativo sigue generando polémica entre la comunidad tecnológica, las administraciones y las industrias como el transporte o el turismo. La startup de alojamientos P2P Airbnb ha sido multada por el Gobierno de Cataluña con 30.000 euros por su oferta de apartamentos turísticos ilegales.

El Departamento de Empresa de la Generalitat comenzó hace un año una inspección por la cual se rastrearon 2.000 portales de Internet. Tras abrir 55 expedientes se decidió sancionar a ocho empresas, incluida la firma americana, según recoge el diario El País.

Tras modificarse la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la comunidad autónoma se exige que los apartamentos estén inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña y cumplan con unas condiciones determinadas de limpieza y salud. No sería el caso de la mayoría de inmuebles ofrecidos por Airbnb. La normativa catalana también prohibiría la oferta de habitaciones en domicilios particulares, especificando que “las viviendas de uso turístico se ceden enteras, y no se permite su cesión por estancias”.

La Generalitat ha pedido a Airbnb dejar de ofrecer aquellos inmuebles que no estén habilitados. En caso de no cumplir su petición, el Gobierno catalán amenaza incluso con cortar el acceso a la página de Airbnb desde cualquier IP catalana, para lo cual se apoyaría en las operadoras de telecomunicaciones.

Felip Ruig, consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, ha matizado que no están “en contra de la economía colaborativa. “Economía colaborativa no quiere decir economía sumergida, ni contratación ilegal, ni fraude fiscal, ni riesgo para los consumidores” señala el político.  Puig cree que Airbnb ha cometido competencia desleal para con el sector hostelero y señala que continuarán pidiendo a todos los anfitriones de la plataforma que se acojan a la normativa.

Airbnb opera en España con el nombre de Airbnb Online Services Spain. La firma estadounidense aterrizó en Barcelona a finales de 2012, año en el que se abrieron otras cuatro sedes europeas. Un estudio elaborado recientemente por profesores de IESE y ESADE  indica que la startup genera 128 millones de euros y 4.300 puestos de trabajo al año.

Después de conocerse la sanción y las intenciones de la Generalitat, Airbnb ha señalado que la multa y el posible veto al portal, “frenará” a la Ciudad Condal, tercer destino más popular de la plataforma de alquileres solo por detrás de Nueva York y París. Los responsables se han mostrado decepcionados con la multa y no descartan la presentación de alternativas legales. No obstante, sin indicar si piensan retirar los inmuebles, comentan que seguirán “colaborando con los legisladores” con el fin de crear leyes más adecuadas para que “las personas compartan la casa en la que viven”.

Hace unos días, el country manager de Airbnb en España y Portugal, Jeroen Merchiers, aseguraba en una charla sobre empresas P2P en el evento Startupthe Fusion que su responsabilidad era la de “informar e intentar cumplir con las normas locales” después de toda la polémica surgida con Uber y los taxistas europeos. El responsable revelaba también que la firma ofrece ya 70.000 alojamientos en España.

Airbnb también ha tenido problemas legales en Amsterdam, por evadir las tasas para turistas en esta ciudad y más recientemente en Nueva York, también por el arrendamiento de apartamentos ilegales, entregando finalmente datos de los alojadores a las autoridades. Sin embargo, la Generalitat es la primera administración europea que ha sancionado a la empresa de P2P.