Parecía que la situación entre Airbnb y el gobierno local de la capital de Francia se había regularizado cuando, en agosto de 2015, el ayuntamiento de París y la plataforma de alojamiento llegaban a un acuerdo para que estos pagasen impuestos turísticos. Una decisión que equiparaba su presencia en la ciudad a la de otras localidades de Estados Unidos, como San Francisco o Chicago, o Ámsterdam, en Europa.
Una noticia tanto más importante al tener en cuenta que París es uno de los puntos calientes de Airbnb, con un elevadísimo índice de viviendas. Como la compañía de San Francisco, otras firmas similares buscan hacer negocio con el alquiler de alojamientos a turistas.
Pero desde entonces las normas han cambiado. La localidad ha aumentado las restricciones para el alquiler vacacional de apartamentos y cuartos, en una actualización de las medidas regulatorias que obligan a que, desde el 1 de diciembre, deben estar registradas en el ayuntamiento, para comprobar que no se alquilen por más de 120 días al año.
Esta cambio motiva que no todas las viviendas estén debidamente legalizadas, de acuerdo a las informaciones de la agencia AFP. Según explica, el ayuntamiento de París ha amenazado a cinco servicios de alojamiento con acudir a los jueces en el caso de que no retiren de sus plataformas a varios apartamentos. Las autoridades han detectado que sus dueños no habían inscrito la vivienda en el registro correspondiente y les instan a cumplir con la tramitación cuanto antes, ya que si no emprenderán acciones legales.
Los servicios afectados son Airbnb, HomeAway, Paris Attitude, Sejourning y Windu. De estas, la primera cuenta con 65.000 posibles alojamientos, siendo la que más hogares ofrece. El resto cuentan con 35.000 viviendas. Por el momento solo se han registrado 11.000 viviendas, ni la quinta parte de las que tiene oficialmente la plataforma de San Francisco.
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