Ahorro de costes con la firma y factura electrónica
Rodolfo Lomascolo, director general de ipsCA, analiza las claras ventajas y principios legales a la hora de implantar en la empresa tanto la firma como la facturación en formato electrónico.
La facturación electrónica ayuda a las empresas a reducir gastos, algo fundamental en época de crisis y coyuntura económica desfavorable como la actual, tal y como se desprende de los datos facilitados por la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), que cifra el ahorro por factura electrónica recibida en 0,70 euros, mientras que la empresa emisora evita gastar 1,85 euros gracias al formato digital.
Al eliminar el papel impreso, el sobre, el sello y demás elementos logísticos mediante la e-factura, se evitan este tipo de gastos y además se es más respetuoso con el medio ambiente. Si a esto le sumamos otras partidas destinadas a Recursos Humanos, almacenamiento y archivo de las facturas, así como el adelanto del pago gracias a la inmediatez que propicia dicho formato, las ventajas se multiplican.
Cifras objetivas
Con los datos en la mano, en el caso de una empresa que emita unas 60.000 facturas al año –lo normal en una entidad de volumen medio-, el ahorro propiciado por la factura electrónica ascendería a unos 110.000 euros (60.000 facturas x 1,85 euros de ahorro en cada una). Si dividimos dicha cantidad entre doce meses, obtenemos un ahorro estimado en 9.250 euros al mes, cifra nada despreciable ante la época de crisis actual e, independientemente, que mejora la logística de toda compañía.
Por su parte, la Administración Central es aún más optimista, cifrando el ahorro anual que la factura electrónica propicia para las empresas en unos 15.000 millones de euros (el 1,5% del PIB español), atendiendo a un ahorro estimado de 3,40 euros por factura electrónica y un volumen anual en España de 4.500 millones de facturas. Asimismo, con la factura electrónica se pretende eliminar el consumo de hasta 9.000 millones de hojas de papel al año, contribuyendo a frenar la deforestación global.
En vista de estos datos, no es de extrañar que las propias Administraciones Públicas, con la Agencia Tributaria y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a la cabeza, hayan emprendido en los últimos meses una fuerte y decidida apuesta por la firma y la factura electrónica que, de hecho, se materializó en febrero de 2008 al convertirse España en el primer país de la Unión Europea que dispone de un formato de factura electrónica gratuito, abierto y respaldado con el aval de la Administración mediante la iniciativa Factura-e.