La denuncia asegura que esta ley es anticonstitucional y ha sido firmada por 30.000 personas que se oponen a que las operadoras mantengan datos confidenciales durante un período de dos años.
Además de la vía legal, la asociación de ONGs formadas al efecto ha publicado una serie de recomendaciones y guías de usuarios para “salvaguardar a los individuos” del registro obligatorio en todas sus actividades en la red. Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, que así se llama la asociación, asegura que la ley de retención de datos trata a todos los ciudadanos como presuntos terroristas o delincuentes. “La obligatoriedad de registrarse sin una sospecha justificada va en contra de los valores básicos reflejados en nuestra constitución”, explica.
Las organizaciones e individuos que necesitan confidencialidad en su trabajo –como abogados, periodistas o incluso líneas de teléfono para ayuda- también están obligados a dar su identidad a las operadoras cuando utilizan la línea telefónica, asegura la organización.
vINQulos
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