A fondo: ¿Cómo pretende la UE acabar con la obsolescencia programada?

La denominada obsolescencia programada es uno de los caballos de batalla de las organizaciones de consumidores. Los usuarios se quejan de que algunos productos electrónicos se averían o dejan de funcionar adecuadamente demasiado pronto. Y lo peor de todo es que, en muchas ocasiones, no se pueden reparar porque no hay repuestos o porque su arreglo es demasiado costoso.

Siempre se pone como ejemplo es la famosa Bombilla Centenaria (Centennial Bulb), que lleva luciendo desde 1901 en la estación de bomberos de Livermore (California, EE.UU.). Si la Shelby Electric Company fue capaz de fabricar esta bombilla eterna, ¿por qué las actuales se funden tan rápido? Y lo mismo podemos decir de esas lavadoras o frigoríficos de nuestras abuelas, que llevan funcionando perfectamente desde hace décadas.

Está claro que la tecnología actual es más eficiente y compleja, pero los consumidores creen que habría que garantizar una mayor longevidad de los productos electrónicos. Especialmente si tenemos en cuenta el problema medioambiental que supone la generación de residuos que comporta la sustitución de dichos aparatos, así como la necesidad de seguir produciendo otros equipos que los reemplacen, con el enorme uso de materias primas y energía que esto conlleva.

Apuesta por la reparabilidad

La Unión Europea se ha propuesto acabar con este problema. Al menos, intentará atenuarlo. “El pasado 1 de octubre, la Comisión Europea adoptó una serie de nuevas normas que aplican al diseño ecológico, tanto para electrodomésticos como para equipos técnicos y electrónicos. Se trata de un total de diez reglamentos que establecen requisitos de diseño ecológico y eficiencia energética a productos como televisores, refrigeradores, lavadoras o lavavajillas”, explica Paloma Sánchez-Cano, directora de marketing de Daikin.

“El objetivo de este nuevo reglamento es reducir tanto el impacto medioambiental de este tipo de soluciones como también la factura energética de los ciudadanos europeos. Así, las medidas aprobadas está previsto que permitan, para el año 2030, un ahorro energético de 167 TWh anuales. Para poder hacernos una idea, esto sería el equivalente al consumo de energía anual de Dinamarca, suponiendo una reducción de 46 millones de toneladas de CO₂”, añade.

Desde BSH -grupo fabricante de las marcas Bosch, Balay, Siemens, Junkers o Ufesa, entre otras- se indica que estos reglamentos entrarán el vigor en 2021. Al margen de los nuevos requisitos de diseño ecológico y de etiquetado energético, incluyen exigencias para garantizar la longevidad de los aparatos. “Los nuevos requisitos se refieren a la disponibilidad de piezas de repuesto desde la fabricación del último aparato de un modelo -durante 10 ó 7 años-, la obligatoriedad de dar información a reparadores profesionales sobre cómo arreglar los aparatos y la obligatoriedad de poder desmontar las piezas más comunes de los aparatos con herramientas convencionales”, desgrana.

César Díaz, del Área Jurídica de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), precisa que el reglamento exige que haya piezas de repuesto durante 7 años como mínimo para aparatos de refrigeración (10 años para juntas de puertas) y 10 años para lavadoras, lavadoras secadoras y lavavajillas (7 años para algunas partes cuyo acceso puede restringirse a los talleres de reparación profesionales). “Además, el fabricante deberá garantizar la entrega de las piezas de repuesto dentro de 15 días hábiles”, agrega.

¿Qué supone para el consumidor?

El representante de CECU señala que el nuevo marco regulatorio “supondrá un ahorro de energía y agua, lo que directamente supone un ahorro económico”. Según la Comisión Europea, se estima que el etiquetado y los nuevos estándares traerán un ahorro medio de hasta 285 euros por año en la factura energética de los hogares.

Por lo que respecta a las medidas orientadas a mejorar la reparabilidad, BSH  afirma que “el consumidor tendrá la seguridad de que existen piezas de repuesto para las averías más comunes hasta 10 años desde la compra del aparato, aunque en realidad ese plazo normalmente será mayor, pues el requisito para fabricantes es de 10 años desde que se fabrique el último aparato de un modelo”.

Además, Díaz hace hincapié en que el hecho de que los aparatos sean reparables favorece al medioambiente de dos formas. “Implica la reducción de residuos, ya que, en lugar de tirar un producto, lo reparamos. Y al repararlo, no tenemos que adquirir uno nuevo, algo que, aunque sea ecológico y eficiente, supone una actividad industrial de producción que lleva aparejado un gran consumo de energía -en su gran mayoría, a partir de recursos fósiles: petróleo, gas y carbón- y la extracción de recursos naturales -metales-”.

En esa misma línea, BSH indica que “obligar a los fabricantes a disponer de piezas de repuesto durante más tiempo facilitará alargar la vida de los productos y, por lo tanto, se retrasará la extracción de materias primas para fabricar el aparato de sustitución y se demorará en el tiempo la generación de residuos del aparato sustituido”. No obstante, recuerda que “tarde o temprano, ese aparato se convertirá en residuo”. Por lo que la compañía defiende que “la clave es trabajar en la jerarquía de residuos diseñando aparatos minimizando su impacto a lo largo de todas las fases de su ciclo de vida, desde la fabricación hasta su reciclaje”.

Impacto en los fabricantes

Sánchez-Cano asegura que “estas medidas no supondrán un cambio significativo para Daikin, porque estos pasos ya se habían dado motu proprio”. Por ejemplo, explica que la empresa “cuenta con una política de ‘defectos cero’, que significa que nuestros equipos se prueban repetidamente durante la producción para asegurar su correcto funcionamiento”.

Igualmente, BSH afirma que lleva años trabajando en materia de ecodiseño de sus productos y estableciendo medidas en este camino. “Los requisitos que establece este nuevo reglamento eran ya fijados internamente”, señala. “BSH no programa sus aparatos para que dejen de funcionar en un momento determinado. Va en contra de nuestros principios y ética empresarial”, afirma. Además, asegura que “hace tiempo que disponemos de piezas de repuesto hasta 10 años después de la última fabricación de un modelo”.

Aunque el grupo reconoce que las nuevas exigencias tienen repercusiones para los fabricantes. “El mantenimiento de espacios donde se almacenan miles de piezas de repuesto para cientos de diferentes productos y modelos que estén disponibles durante 7, 10 años o más, requiere de inversión y de una adecuada planificación y organización, pero que consideramos necesaria en favor de la confianza y beneficio del consumidor”, anota.

Un primer paso

Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada (FENISS), cree que el alcance la nueva normativa es insuficiente. “Consiste en ampliar a dos años más, de media, la posibilidad de que el consumidor pueda disponer de piezas de recambio para algunos electrodomésticos. Sólo dispone de más tiempo para poder reparar. Antes ya se disponía de 5 años y ahora pasan a ser 7. Pero en ese tipo de electrodomésticos, continúan siendo muy caras las reparaciones, tanto a los 5 años como a los 7, por lo que el consumidor siempre prefiere comprar uno nuevo antes que reparar”, declara. Además, remarca que “quedan excluidos los teléfonos inteligentes, ordenadores e impresoras”.

Muros se dio a conocer hace algunos años porque asegura haber fabricado una bombilla que recoge el espíritu de la Centennial Bulb, con una duración muy superior a la de las bombillas convencionales y que, además, es reparable. Sin embargo, afirma que ha sufrido el boicot de la industria, por lo que se ha volcado en la lucha contra la obsolescencia programada, a través de dicha fundación.

El presidente de FENISS opina que la propuesta de la Comisión Europea, “es un paso adelante”. Pero que habría de avanzar un poco más. “Debería ampliarse el plazo de garantía a 5 años. Y que el coste de las reparaciones no superara el 20% del valor del producto de nuevo, para que el consumidor no elija comprar uno nuevo”.

BSH también considera que esta propuesta comunitaria “puede entenderse como un primer paso para empezar a regular aspectos de eficiencia de materiales”. Precisa que “la Comisión Europea lanzó en 2015 el mandato M543, con el que solicitaba a las organizaciones de normalización europeas CEN y CENELEC que desarrollaran normas para poder medir, entre otros, aspectos como la durabilidad de los aparatos, el contenido de materiales reciclados o la facilidad para la reparabilidad”. Reseña que “estos trabajos de normalización terminarán en 2020 y, previsiblemente, en pocos años tendremos también requisitos de este tipo en los reglamentos de ecodiseño”.

¿Y en España?

Miguel Ángel Serrano, directivo y miembro del equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción, afirma que “la regulación sobre obsolescencia programada es prácticamente inexistente en la normativa española”. Es decir, se limita a las prescripciones que marca la actual normativa europea.

Además, puntualiza que la gran dificultad en este tipo de casos es que la carga de la prueba que recae sobre el consumidor. “Para un consumidor medio, resulta prácticamente imposible o, al menos muy costoso, poder demostrar que el producto averiado ha sido como consecuencia de un caso de obsolescencia programada y no por otras posibles causas”.

En este sentido, considera que “la simple prohibición de esta conducta puede no ser suficiente”. “Debe ir acompañada de mecanismos que posibiliten que el consumidor pueda ejercitar sus derechos contra aquella empresa que hubiese llevado a cabo este tipo de prácticas comerciales que son, en opinión de FACUA, totalmente inadmisibles”, añade.

Según explica Muro, “los únicos países que impuesto medias en contra de la obsolescencia programada y a favor de los consumidores son Francia e Italia”.