Con el pretexto de modificar el viejo, del año 2002, marco regulatorio de las telecomunicaciones de la UE Directiva 2002/19/EC Directiva 2002/20/EC Directiva 2002/21/EC (Directiva Marco) Directiva 2002/22/EC (Directiva de servicio universal) Directiva 2002/58/EC (sobre privacidad y comunicaciones electrónicas) se instó en el 2007 una propuesta por la Comisaria Viviane Reding denominada “paquete para la reforma de las telecomunicaciones”. Ahora lo conocemos como “Paquete Telecom” y probablemente se trate de la iniciativa legislativa más trascendente desde el intento de Tratado de Constitución para Europa del año 2004.
Esta iniciativa es tan relevante porque pretende regular no sólo el mercado de las telecomunicaciones europeo sino particularmente el uso, acceso y difusión de las tecnologías digitales en red, en definitiva el papel de Internet en Europa. Hay que recordar que Internet tiene un papel político de primer orden, en nuestras sociedades democráticas. Buena parte de nuestros derechos se han visto afectados, a veces incluso incrementados por esta tecnología, hasta el punto que la mayor parte de los acontecimientos jurídicos que nos afectan suceden total o, al menos, parcialmente en red.
Estamos llegando a un punto en que la relación entre democracia y libertad de acceso a la información y comunicación digital es prácticamente de 1:1 , a partir de una reforma intervencionista de las comunicaciones la relación pasaría a ser la de dos variables directamente controladas por tres sectores: Gobiernos que no sólo ceden ante la “cañonera digital” de los lobbies norteamericanos, sino que, desde su disminuido sentido de la democracia, ven con inquietud el papel que Internet está otorgando al ciudadano frente a las estructuras tradicionales de poder.
La intranquilidad con la que se percibe la red por una parte de la administración no hace más que reflejar el tono involutivo, frente a lo democrático, que todavía persiste en muchas de nuestras estructuras de poder.
Otra parte interesada en acabar con la neutralidad de red son las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y las patronales internacionales del cine, la música y el software, ante el agotamiento de antiguos modelos de negocio, han encontrado un nicho espectacular de mercado en el impuesto por la cultura denominado canon.
Para ello han generado un falso estrés mediático para crear la confusión de que la cultura está amenazada, lo que no es cierto como confirma la información de las cuentas anuales públicas de las propias compañías multimedia norteamericanas. Las autoridades han consagrado el canon digital y ahora mismo cualquiera herramienta informática soporta el denominado “canon por copia privada”.
Una operación millonaria que pretende expandir una nueva compensación por el uso y acceso a la red de los ciudadanos, afectando a todas las actividades productivas del país y convirtiéndose en un nuevo componente económico de la “brecha digital”.
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