Finalmente algunas operadoras de telefonía, que pretenden facturar por la naturaleza del tráfico y no por su propio servicio y por tanto necesitan poder conocer aspectos de su contendido para regularlo. Eso les permitiría hacer caja con la “brecha digital”, buena parte en el ámbito de acceso de calidad a Internet. Porque nuestro déficit tecnológico desgraciadamente ofrece dos modelos de negocio para las operadoras: el de la corrección del mismo y el que se basa en su perpetuamiento haciendo de una tecnología elemental una ventaja competitiva para unos pocos.
Varias enmiendas estaban y están dirigidas a la intervención, al margen de los tribunales, de las comunicaciones digitales posibilitando un sistema de control de los intercambios de datos sobre el pretexto de la protección de los derechos de autor.
La intención es que el Paquete Telecom acabe su proceso regulatorio antes del fin de 2009. De momento el Parlamento Europeo pudo pronunciarse en primera lectura el 24 de septiembre de 2008, sobre un número de enmiendas que discutían el papel de la autoridad judicial para la autorización de la intervención de la Red. El Parlamento Europeo vuelve a analizar estas propuestas en segunda lectura este 5 de mayo de 2009. La más relevante se encuentra en la
Enmienda 46 (anteriormente 138) que garantiza el monopolio del control judicial de las comunicaciones por Internet frente a la creación de organismos administrativos que permitirían el control político de la Red.
Los representantes franceses, especialmente tras la iniciativa del presidente Sarkozy rechazada en la propia Asamblea francesa de los “tres avisos” y que permitía la desconexión de Internet, sin intervención judicial previa, de aquellos ciudadanos que supuestamente infringieran derechos de autor, han venido exigiendo la retirada de esta enmienda lo cual no han conseguido todavía a pesar de que la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) ofreció la posibilidad de suavizar las garantías de los ciudadanos convirtiéndolas en recomendaciones y no en derechos propiamente dichos.
El ITRE, no obstante ha votado en contra de su propia iniciativa y a favor de la enmienda 46 por una mayoría de 40 contra 4, aceptando el texto original para la segunda lectura y que en lo que nos afecta, expresa:
“(F ter) la aplicación del principio de que no se pueden imponer restricciones sobre los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales, sin una previa decisión de las autoridades judiciales, en particular, de conformidad con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la libertad de expresión y de información, salvo cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la decisión puede ser posterior. “Algunas de las enmiendas más peligrosas fueron ya rechazadas, entre ellas las que abrían la puerta a un control intensivo de los contenidos de las comunicaciones en la Red por
medio de “spyware obligatorio” (K1-Enmienda 134 y K2-Enmienda 130). También fueron rechazadas las enmiendas propuestas por el eurodiputado conservador francés Jacques Toubon (Enmiendas 132, 137 y 179), y que pretendían la más amplia concentración de datos de las comunicaciones de los ciudadanos por parte del Estado.
El texto, tal y como llega nuevamente al Parlamento, contiene contradicciones. Hay enmiendas que se contradicen y expresan una cosa y la contraria, una de las técnicas legislativas del Parlamento Europeo cuando quiere forzar al Consejo para que no apruebe directamente el texto, precisamente para forzar esta segunda lectura que se vota el día 5 de mayo. ¿Hablamos de regular un sector o de propiciar un cambio político con ese pretexto?