El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que actualiza y endurece la conocida como Ley Sinde.
La nueva Ley Lasalle –en referencia al secretario de Estado de Cultura- establece, como dijo el ministro Ignacio Wert en la rueda de prensa posterior, “una filosofía de persecución” contra aquellos que comercian de forma ilícita con contenidos protegidos por derechos de autor.
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, se ha mostrado muy crítico con la refirma. Considera que va “en dirección contraria” de lo que están reclamando y cree que castigar a sites de enlaces es un error. “Lo que hay que criminalizar es el archivo que está a disposición pública sin los permisos del autor”, ha dicho.
Enrique Dans, reconocido bloger y profesor de la IE ha tildado la ley de “absurda, inútil, cuya tramitación raya directamente en la corrupción”.
Estos son los principales puntos –y más polémicos- de la revisada norma.
– Control de operadores y empresas. La Ley Lasalle obligará a los operadores de telecomunicaciones a identificar a los usuarios que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Ayudarán a identificar la página infractora y los servicios de terceros que utilice.
– Ilegalización de enlaces. La Comisión Sinde podrá perseguir y, en última instancia, ilegalizar los sites de enlaces. Esto no afectará a Google u otros buscadores.
– Redefinición de copia privada. La Ley Lasalle considera como copia privada legal aquella que se hagan de un soporte original. Se quedan fuera de la legalidad aquellas obtenidas por internet o las no adquiridas por el usuario.
– Auditorías para las sociedades de gestión. La reforma incluye una cláusula –aplaudida por todas las partes- con el objetivo de garantizar la transparencia en las sociedades de gestión de derechos de autor. El escándalo de corrupción en el seno de la SGAE ha servido como impulsor.
– La Comisión Sinde como árbitro. La Ley Lasalle refuerza el poder de la Comisión creada a partir de la Ley Sinde. Podrá ilegalizar sites de enlaces e imponer multas. El órgano podrá cerrar sites sin autorización judicial.
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