El auge del comercio electrónico ha traído consigo una consecuencia indeseada: el incremento de las demandas de los usuarios contra los sitios web. Se estima que el año pasado las empresas gastaron en todo el mundo más de 10.000 millones de euros en sanciones, demandas, devoluciones y reclamaciones indebidas.
Buena parte de estas denuncias se deben a que los textos y prácticas legales de las páginas no eran los adecuados, o a que no tuvieron en cuenta factores como la cultura de cada país en relación con los productos ofertados, la legislación, restricciones propias de cada empresa, riesgo de fraude, regulaciones fiscales, gastos de envío o diferentes lenguajes.
En este contexto, la empresa especializada en la redacción de textos legales en Internet Terminis calcula que más del 75% de los sitios web no cumple con los requisitos legales básicos y más del 76% de los propietarios muestra su preocupación ante las deficiencias en los textos legales.
Y es que las leyes que regulan los distintos aspectos de los negocios digitales -como protección de datos, derechos de los consumidores, venta a distancia o servicios de pago- establecen cada vez más obligaciones formales y sanciones más graves para las empresas. “Y esta tendencia va a endurecerse en el futuro”, sostiene Luis Gosálbez, abogado especialista en Derecho tecnológico y fundador de Terminis.
Cada vez hay más usuarios, organismos y autoridades que se dedican a revisar los textos legales en profundidad. “Las devoluciones, los envíos, las garantías, los medios de pago y las especificaciones técnicas son los aspectos que más conflictos generan a los consumidores y también a los comercios electrónicos”, explica Gosálbez.
Pero cumplir con la ley y garantizar el funcionamiento de un sitio web no es fácil. Las prácticas más extendidas entre los propietarios de un sitio web para conseguir sus textos legales son acudir a un abogado especialista o copiarlos y pegarlos de otro sitio web. La primera opción es cara y exige renovaciones continuas, además de adaptaciones a cada país en el que la web está presente. La segunda es una práctica de riesgo que puede acabar provocando sanciones y multas, por lo que es más útil recurrir a textos legales personalizados.
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