Se acercan las elecciones y los representantes de los partidos recorren los medios de comunicación desgranando las propuestas incluidas en su programa electoral.
El debate se centra en corrupción, fiscalidad, sanidad, educación… ¿pero qué pasa con internet y las nuevas tecnologías? Son asuntos de gran importancia y que tienen presencia en nuestras vidas cotidianas.
El número uno del partido, Mariano Rajoy, aprovechó la inauguración del Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod) para ‘vender’ algunas de sus propuestas. Ha prometido la conexión a internet de al menos 100 megas para todos los colegios y bibliotecas de España, según informaba EFE. Además, se ha comprometido a llevar la banda ancha de alta velocidad con satélites a todos los ciudadanos de las zonas rurales. También promete que universalizaría la cobertura 4G y que extendería las redes de fibra óptica de alta capacidad.
Asimismo, pretende convertir en ‘ciudades ‘inteligentes’ todas las localidades de más de 50.000 habitantes, promover la alfabetización digital e impulsar asignaturas como robótica y programación. También asegura que mejorará la conexión WiFi en espacios públicos como trenes, estaciones, puertos y aeropuertos. Y promoverá que los establecimientos hoteleros ofrezcan internet de alta velocidad a sus clientes.
Se compromete a generalizar la presencia de pymes en las grandes plataformas de comercio electrónico y el uso de servicios en la ‘nube’. Además, impulsaría un plan de formación de trabajadores en los principales ámbitos de la economía digital y crearía un programa de apoyo a emprendedores del mundo digital y de acceso a financiación. Igualmente, incentivaría las inversiones en economía digital por parte de pymes y las inversiones de capital riesgo.
Por otro lado, tiene previstro aprobar un plan especial para la protección de los menores en la red.
El programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) apuesta por “promover un precio asequible de acceso a internet”. Se plantea como meta todos los hogares españoles puedan disponer de conectividad con banda ancha de 30 megas como mínimo en 2020 y que al menos la mitad de los hogares españoles tengan conexiones de más de 100 megas, además de garantizar la calidad de las conexiones móviles y el acceso a las personas más desfavorecidas. E implementaría medidas para garantizar la calidad del servicio ofrecido por los operadores. Así, garantizaría “el acceso universal a la banda ancha de alta velocidad a precios asequibles, con especial atención a las zonas rurales“.
Además, se compromete a aprobar una ley para regular el desarrollo de los derechos digitales que contemple el derecho a la formación para reducir la brecha digital, neutralidad de la red, privacidad y protección de datos personales, seguridad y secreto absoluto de las comunicaciones electrónicas y de los datos que circulan por la red o ‘derecho al olvido’. Igualmente, propone “desarrollar programas de ciberseguridad para incrementar la seguridad y confiabilidad en las redes y plataformas”, impulsando la protección de los menores en internet.
En el ámbito económico, promete promover la investigación y centros de innovación en áreas de alto potencial ligadas a la economía digital, como Internet de las Cosas, Big Data, robótica, Smart Home, telemedicina, biotecnología, manufactura digital 3D, cloud computing, microelectrónica y mecatrónica. También impulsaría los emprendedores tecnológicos con medidas fiscales, regulatorias, financieras y de apoyo para empresas ligadas a la economía digital e internet. Además, potenciaría las start up de base tecnológica.
El programa indica que reformaría la Ley de Propiedad Intelectual. Respecto al canon AEDE, sólo indica que “en materia de compensación por copia privada, se cumplirá estrictamente la transposición de las normas europeas”.
Y en educación, impulsaría el aprendizaje de lenguajes de programación, ética digital y ciberseguridad, incorporando el uso de tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje.
El programa electoral de la formación encabezada por Albert Rivera indica que mejorarían las infraestructuras de telecomunicaciones en las zonas que actualmente carecen de servicio o donde éste es deficiente, con una red para el despliegue desarrollado por la administración “pero costeada por la concesión o alquiler de su aprovechamiento a los proveedores de servicios”. Además, “se buscará potenciar el acceso a redes mediante banda ancha como servicio universal a precio competitivo en todo el territorio nacional”. También favorecería el despliegue en el ámbito rural. Y respaldaría la conectividad de banda ancha para pymes y autónomos.
Respecto a la propiedad intelectual, C’s modificaría las medidas relativas a la copia privada, ampliando su concepto y estableciendo “una compensación adecuada, en consonancia a los países de nuestro entorno y no dependiente de los Presupuestos Generales del Estado”. A la par, propone medidas para frenar la piratería, como la suspensión cautelar de plataformas con un modelo de negocio basado en la defraudación de los derechos de propiedad intelectual, entre otras.
También propugna la creación de un observatorio de la innovación y la disrupción que estudie el impacto, oportunidad y encaje regulatorio de asuntos como los vehículos autónomos y drones, impresión 3D, robótica e inteligencia artificial, blockchain y moneda digital, Internet de las Cosas, ciberseguridad, smart cities, etc. E indica la necesidad de prestar atención y estudiar el fenómeno de la economía colaborativa.
Además, plantea una mejora de la financiación con la creación de fondos de inversión públicos de ‘match funding’ para sectores de alta tecnología o un programa de inversión para pymes mediante la asociación del sector público e inversores privados. Asimismo, el programa incluye medidas para incentivar el uso de las tecnologías de la información en las pymes.
Por otro lado, afirma que “uno de los principales objetivos educativos de un gobierno debería ser mejorar el uso de las TIC en educación primaria y secundaria para que sirviera como apoyo del aprendizaje y para desarrollar la competencia digital”.
El programa electoral del partido liderado por Pablo Iglesias propone la modernización de los servicios de las telecomunicaciones y, en particular, el despliegue de la redes de fibra óptica. Además, entre las medidas para desarrollar el mundo rural, incluye inversiones para favorecer la conexión a internet asequible y de calidad.
Sobre la economía colaborativa, Podemos afirma que aprobará “una ley integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas las partes implicadas, sus derechos y sus obligaciones, especialmente en materia fiscal y de Seguridad Social”.
El programa electoral recoge el apoyo “del emprendimiento en sectores innovadores, particularmente en la economía digital, mediante el impulso de hubs y clústeres de innovación”, así como el favorecimiento del acceso a espacios de trabajo y de coworking a las incubadoras de emprendedores y empresas start up. Además, impulsaría fondos públicos de inversión en estos sectores y la colaboración público-privada.
También propone una nueva Ley de Propiedad Intelectual que posibilite nuevos usos gratuitos y legales de obras protegidas en el ámbito educativo o cuando no haya ánimo de lucro; la ampliación del concepto de copia privada, “sin perjuicio del establecimiento de un modelo adecuado de remuneración compensatoria para los autores y demás titulares de derechos”; o la eliminación del canon AEDE. Además, priorizará el software libre en las administraciones públicas.
Izquierda Unida (IU) apuesta por “democratizar el acceso a la información y al conocimiento”, afirma Ricardo Sixto, diputado en el Congreso por IU. Así, la formación propugna “definir el acceso a Internet como derecho universal y gratuito para el conjunto de los ciudadanos”, especificando que “la gratuidad del servicio incluirá hasta la velocidad de 10 megas, ampliables”. Precisa que “la implantación se llevará a cabo priorizando los territorios y capas sociales más desfavorecidos”. A la par, defiende la “reducción de las tarifas de telecomunicaciones, que son casi un 30% superior a los de los países de la OCDE”.
Sixto indica que IU impulsaría “una política de formación con el objetivo de conseguir la plena alfabetización digital”. También se pondría a disposición de los centros y del profesorado “plataformas online con materiales curriculares desarrollados por docentes, para su uso en las aulas”. Además, facilitaría la conexión a internet en las aulas y los recursos tecnológicos. Igualmente, se contempla la realización de actividades de formación del profesorado para asegurar su capacitación para el uso didáctico de tales tecnologías.
Sobre propiedad intelectual, defiende la derogación de la actual ley y la elaboración de otra que subsane “el actual modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas” mediante una entidad pública, además de asegurar “la adecuada contribución de los operadores de telecomunicaciones y de las industrias de tecnologías de la información a la justa remuneración de los creadores, para que ésta no se base en un sistema como el canon digital, que penaliza indiscriminadamente a los ciudadanos”. Asimismo, reconocería las alternativas al ‘copyright’ tradicional, como las licencias Creative Commons. Además, propone “no penalizar el libre intercambio de archivos, de acuerdo con la actual doctrina jurisdiccional, y apoyo al derecho a la copia”.
IU también fomentaría el uso de software libre en las administraciones, la digitalización de los fondos culturales e históricos de las administraciones y su puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la web, permitiendo la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales.
Unión Progreso y Democracia (UPyD) propone el “despliegue de redes de telecomunicación con inversión privada y pública, nacional y comunitaria, para el acceso a internet de muy alta velocidad, tanto fijo como móvil, a fin de que el acceso a internet sea universal, y el 80% de la población disponga en el año 2020 de conexiones de alta velocidad”. También incluiría el control de la calidad del servicio de proporcionado por los operadores y garantizaría “información transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa de los servicios ofertados” por dichas empresas. Además, reforzaría la protección del ciudadano y de sus datos privados contra los abusos de las compañías en las políticas agresivas de captación telemática de clientes.
La formación magenta defiende una nueva Ley de Propiedad Intelectual “que devuelva el control de sus derechos tanto a los creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales”.
Propone legitimar el dominio público como espacio para la creación amateur o como opción gratuita de promoción a la creación profesional, la puesta en marcha de una plataforma de creación de pago para la creación profesional de obras bajo copyright o copyleft -pago por uso, tarifa plana u otra fórmula- y otra gratuita para las obras cuyos derechos de autor se hayan extinguido y para obras de autores que deseen incluirlas en el dominio público, así como la reorganización de las sociedades de gestión de derechos. También propugna la “digitalización y puesta a disposición de los ciudadanos de todo el fondo bibliográfico, fonográfico y audiovisual del Estado a través de internet y en modalidad de pago por consumo, streaming o a través de las redes P2P”.
UPyD defiende una “regulación nacional de la economía digital y colaborativa basada en servicios telemáticos y TIC facilitando, con garantías y cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad, el intercambio y arrendamiento de servicios y propiedades entre particulares, incluyendo viviendas y automóviles, sin obligar a los particulares a convertirse en empresarios de hostelería o transporte”.
Por otro lado, se manifiesta a favor de la defensa de la neutralidad de la red, “reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de archivos”. Y promovería el uso prioritario de software libre en las administraciones públicas, especialmente donde el uso de sistemas bajo copyright suponga un coste al ciudadano.
Además, contempla la “garantía efectiva de la protección de los datos personales en internet, reforzando los esfuerzos destinados a combatir los delitos tecnológicos, especialmente en materia de protección a la infancia y la juventud”.
Aunque no se presente a estas elecciones, conviene recoger sus principales postulados. Daniel Bonfils, secretario del Partido Pirata, indica que la formación cree posible otro modelo de propiedad intelectual usando Creative Commons. “El canon digital es un abuso. Al igual que grandes empresas como Google no cedieron a las presiones del Gobierno, los ciudadanos deberían hacer lo mismo, ya que con medidas como ésta están llamando ‘pirata’ a cualquier persona que compre un medio de almacenamiento. El gobierno no debería ceder ante presiones de grupos de lobbys que buscan su beneficio a costa de los demás”, afirma. Además, considera que “el Gobierno debería revisar y obligar que los organismos como la SGAE sean transparentes y hacer que los ciudadanos recuperen la confianza en dichos organismos”.
Respecto al acceso a internet, apoya “el despliegue de comunicaciones y el acceso a internet desde cualquier parte de España y del mundo”, con especial atención a las zonas rurales. Asimismo, Bonfils manifiesta que “la red debería ser neutra. El internet de dos velocidades es otra presión de los grupos de lobbys para generar dinero para sus arcas”.
En educación, el representante de Pirata afirma que “la tecnología en el aula debe facilitar la labor del docente y no sustituirlo”. Además, opina que “las administraciones deberían usar como medio de trabajo el software libre”.
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