2013, el año del ‘sharing economy’ (y la economía sumergida)

La prestigiosa revista Fast Company designó 2012 como el año del peer-to-peer. Fue el año del cierre de Megaupload (estandarte del peer-to-peer)y de otros servicios similares que pronto pusieron en el centro del debate el papel de internet como plaza pública donde compartir archivos de terceros.

Puede decirse que en 2013 se ha dado un paso más. Ya puede hablarse del sharing economy. Se trata de la misma filosofía colaborativa pero con un componente de negocio.

La economía de lo compartido ha llegado hasta la empresa y términos como coworking y crowdfunding han sido añadidos al lenguaje cotidiano.

En Estados Unidos ya hay una ley que regula la financiación colectiva. Elevar esta fórmula nacida y madurada en la red hasta las altas esferas legislativas da una idea de su importancia. El crowdfunding es una vía asequible para que grandes ideas se conviertan en realidad y una vía segura para detectar el talento.

La regulación de la financiación colectiva estadounidense tiene además una vertiente preventiva: evitar el fraude. La cantidad de las inversiones se limita en función de las rentas y habrá un único listado de sites oficiales y por tanto, legales.

Hay otros ejemplos de sharing economy que no están regulados y que favorecen la economía sumergida. Como explica en una entrevista a Zmart.co el responsable en España y Portugal de Airbnb, en su empresa recomiendan tributar el dinero ganado a través de su servicio, aunque no toma medidas concretas. En el caso de Blablacar, servicio para compartir coche en desplazamientos puntuales, se especifica que “se prohíbe el uso del servicio para ganar dinero”.

Internet, plataforma del sharing economy, ofrece la posibilidad de alquilar –y de poner en alquiler- cualquier cosa que uno pueda imaginar y de hacer negocio con ello. Algunas transacciones a través de la red no quedan registradas, lo que convierte a la red en un espacio sin ley.

En el caso de España, la ley de Regulación del Juego Online fue creada con la intención de frenar el gran flujo de dinero no regulado que circulaba por internet. Desde entonces los operadores han reclamado en repetidas ocasiones una rebaja de la carga fiscal, que consideran demasiado alta. Sólo en 2012 los jugadores online gastaron más de 2.700 millones de euros.