2010, el año de la resolución telemática

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha anunciado que el Gobierno prevé que en 2010 todos los trámites entre el ciudadano y las distintas administraciones se presten de forma telemática, tal y como lo recogerá el proyecto de Ley de la Administración electrónica, un texto “ambicioso pero posible” que, según sus previsiones, aprobará el Consejo de Ministros antes de fin de año.

El ministro declaró “no ocultar” que se trata de plazos “muy justos y susceptibles de modificarse” durante la tramitación parlamentaria del texto y su desarrollo reglamentario, pero insistió en que “ya hay muchos servicios implantados telemáticamente”, como el caso de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y destacó el “importante esfuerzo anual” de las distintas administraciones por modernizarse. Según cálculos del Ministerio, cerca del 70 por ciento de los trámites con la Administración ya puede realizarse con las nuevas tecnologías, la mayoría procesos informativos o de descarga de formularios.

“No partimos de cero”, aseguró Sevilla, que destacó el esfuerzo realizado, pero admitió que el texto obligará al Gobierno a “ponerse las pilas” para lograr los objetivos. En este sentido, matizó que “el problema no es de recursos económicos” sino de “voluntad política”. “La ley no tiene tanto impacto económico como de funcionamiento, porque todos los años se invierte mucho en la modernización con nuevas tecnologías, y el reto es hacerlo todos en la misma dirección”, aseguró.

Este cambio “histórico”, según Sevilla, se articulará por medio de una nueva regulación básica que afectará por igual a todas las comunidades autónomas, de forma que se reconozca y garantice el mismo derecho a todas las personas, con independencia del lugar donde vivan. “Existen procedimientos constitucionales para establecer esta nueva regulación que tendrá que ser desarrollada por comunidades y ayuntamientos”, señaló Sevilla.

El anteproyecto incorporará entre otros aspectos la protección de los datos de los ciudadanos que estén en poder de la Administración, el concepto de sede electrónica y los mecanismos para velar por el cumplimiento de los derechos garantizados por la propia ley. Asimismo, una de las alternativas planteadas es la creación del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica, aunque todavía no se ha decidido qué forma tendrá finalmente.