Si ya es difícil demostrar que la pérdida por el uso de una determinada aplicación sin licencia no equivale a su valor de venta, porque en la mayoría de los casos un usuario jamás pagaría por ella, Microsoft e IDC van más allá y multiplican por 5,5 el coste de las infracciones del copyright.
IDC incluye en las pérdidas, el coste que supone en tiempo y esfuerzos la lucha de las empresas productoras contra el software ilegal y las menores ventas de los minoristas que revenden el software. “En el peor de los casos, la piratería desenfrenada en algunas economías derriban la oportunidad de existir y prosperar a las empresas legítimas”, dice el informe.
Sin embargo, se ha conocido que el estudio está basado en los números proporcionados por la BSA (Business Software Alliance), cuya metodología ha sido fuertemente cuestionada en los últimos años por medios prestigiosos como The Economist, que abunda en la idea que la mayoría de los que utilizan software ilegal nunca compraría versiones “legítimas”, sencillamente porque no podrían sufragar su coste.
Además es conocida la estrategia que utilizan algunos productores de software de permitir un pirateo controlado de sus productos con el fin de mantener el monopolio, convertir determinadas aplicaciones en estándar de facto de la industria y de paso controlar el auge de otro tipo de distribución de software como el Open Source.
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