El precio de los mensajes de texto de las tres grandes operadoras es, de media, 15 céntimos. En esos 15 céntimos, el margen de ganancia es espectacular: algo más de 14 céntimos de euro son ganancias para la operadora, como explica el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, a Silicon News.
“Al ministerio (de Industria) le da igual”, denuncia Sánchez, que acusa al organismo de mirar “hacia otro lado” en lugar de tomar medidas contra el abuso que supone esta situación para los consumidores. “No vemos ninguna acción”, asegura Rubén Sánchez. El ministerio de Industria “está demasiado preocupado por proteger a las teleco“.
FACUA ha estimado, tras la entrada en vigor de las tarifas máximas en roaming impulsadas por la Comisión Europea, que enviar un sms desde a España a España con un móvil de una operadora estatal será un 36,4% más caro que mandar el mismo texto desde un país europeo a España con el mismo teléfono de la misma operadora.
Sánchez reconoce que esta situación evidencia la necesidad de que Consumo tome medidas en el asunto y reivindica, una vez más, algo que llevan reclamando al Gobierno desde ya hace algún tiempo. FACUA quiere que se establezcan precios máximos, como sucede ahora en Europa, para los sms. Industria se niega. El ministerio, según la asociación de consumidores, defiende que hay margen para la lucha de mercado y que por tanto sólo el mercado debe fijar precios.
Éste es uno pero no el único de los muchos problemas que los usuarios de productos de telecomunicaciones tienen que vivir cada día. El sector es uno de los que más denuncias acapara en FACUA, existiendo picos en el pasado en los que una de cada tres eran quejas en contra de las operadoras. “Y no pasa nada”, lamenta Sánchez, acusando al Gobierno actual de no hacer nada, como tampoco hicieron las Administraciones anteriores.
Premium y atención al cliente
Uno de los últimos caballos de batalla entre consumidores y operadoras han sido los mensajes premium, un servicio que el Gobierno tardó año y medio en regular, destaca Sánchez. La norma que acaba de salir es “demasiado blanda, demasiado permisiva” y “no garantiza la rransparencia”, asegura el portavoz de la asociación, que denuncia que muchas de las prácticas que regula el Código de Conducta ya no se permitían con anterioridad.
Sánchez explica que uno de los principales problemas del sector es la falta de control de las infracciones, lo que lleva a la Administración a intentar solucionar los problemas en lugar de con una actividad clara contra los infractores con el lanzamiento de nuevas normas. Así, se normativiza sobre norma para poner freno a abusos que ya no estaban permitidos.
La política actual española es, según Sánchez, la de “no hacer nada cuando un sector tiene grandes problemas masivos”. “El problema está en que como no hay control, se hace nueva norma”. La lentitud así es “enorme”.
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