Las grandes corporaciones tendrán que pagar más impuestos, saldando sus cuentas con cada país en el que operen. Ese fue el acuerdo histórico al que llegó el G7 a principios de junio y en el que durante los últimos días han ahondado el G20 y los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En total, 130 países y jurisdicciones que representan más del 90 % del PIB mundial han dicho sí a la reforma de las normas fiscales internacionales para garantizar que las multinacionales dejen de pagar impuestos únicamente en los países en los que tienen su sede.
En el segmento puramente tecnológico esto afecta a compañías del calibre de Google, Amazon o Facebook.
Y, desde el punto de vista geográfico, en Europa perjudicará a países como Irlanda, donde estos gigantes habían encontrado un refugio para pagar sus impuestos y ahorrarse dinero. De hecho, el Gobierno irlandés no se ha adherido a la declaración que establece un marco para la reforma tributaria internacional, que elevaría la tasa impositiva por encima de su 12,5 % actual.
El mínimo establecido por la reforma es del 15 %, actualizando un sistema fiscal internacional centenario a la realidad de la economía digital y globalizada.
Desde la OCDE explican que este mínimo facilitará una distribución más justa de los recursos económicos desde los países de origen de las empresas que estaban en el foco de la polémica a todos los mercados en los que despliegan sus actividades y obtienen ganancias, con independencia de que tengan o no presencia física en ellos.
La previsión es que esta reasignación supere los 100 000 millones de dólares en ganancias con carácter anual.
El nuevo impuesto mínimo de sociedades debería generar unos 150 000 millones más al año. A esto hay que añadir una serie de beneficios adicionales asociados a la armonización del sistema tributario internacional. No en vano, uno de los grandes objetivos es luchar contra la evasión fiscal.
Si todo va conforme a lo previsto, en el mes de octubre se terminará la elaboración del plan, que debería implementarse en 2023.
“Después de años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todos lados”, valora Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, en línea con las declaraciones del G7, cuyos miembros destacan que las empresas comenzarán a abonar “la parte que les corresponde de impuestos en los países en los que hacen negocios”.
El canciller de la Hacienda británica, Rishi Sunak, opina que estas “reformas fiscales sísmicas” permitirán “crear un sistema fiscal más justo y adecuado para el siglo XXI” en un “momento crucial” para la “recuperación económica mundial”.
Una de las consecuencias del acuerdo será la inyección para economías a nivel mundial en medio de la recuperación pos-COVID.
“Este paquete no elimina la competencia fiscal, y no debería hacerlo, pero establece limitaciones acordadas multilateralmente”, matiza por su parte Mathias Cormann. “También da cabida a los diversos intereses en la mesa de negociaciones, incluidos los de pequeñas economías y jurisdicciones en desarrollo”.
Janet L. Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, celebra lo que considera “un día histórico para la diplomacia económica”.
“Durante décadas, Estados Unidos ha participado en una competencia fiscal internacional contraproducente, reduciendo nuestros tipos impositivos corporativos solo para ver cómo otras naciones reducen los suyos en respuesta”, señala. “Ninguna nación ha ganado esta carrera. Tasas fiscales más bajas no sólo no han logrado atraer nuevas empresas, sino que también han privado a los países de fondos para importantes inversiones como infraestructura, educación y esfuerzos para combatir la pandemia”, comenta Yellen.
Por su parte, el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni se ha unido a las celebraciones de “una gran noticia”, que supondrá extender la máxima de “más justicia y menos paraísos fiscales”.
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