La UE introduce reformas para “devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales”

Ya hay nueva normativa sobre protección de datos en la Unión Europea, tras cuatro años de trabajos. El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas reglas que actualizan la directiva del año 1995 para adaptar los temas de seguridad y privacidad a la era puramente digital en la que vivimos hoy en día, llena de dispositivos inteligentes y conexiones online. Los Estados miembros tendrán dos años para adoptarla.

“Con este reglamento de protección de datos conseguimos un nivel uniforme de protección en toda la UE”, explica el miembro de los Verdes Jan Albrecht, encargado de tramitar el texto. Se trata, en sus palabras, de “un gran éxito para el Parlamento y un ‘sí’ claro a los derechos de los consumidores y a la competencia en la era digital. Los ciudadanos podrán decidir por sí mismos qué información quieren compartir. También se ofrece más claridad a las empresas, con una norma única para toda la UE que refuerza la confianza y la seguridad jurídica e impulsa la competencia justa”. Al final lo que hace es “devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales”.

La normativa reformada hace referencia a cuestiones como el derecho al olvido, la necesidad de que los ciudadanos permitan de forma clara el uso de sus datos, a portabilidad de dichos datos, la obligación de comunicar si la información personal ha sido hackeada y unas cláusulas de privacidad entendibles. También se contemplan multas para las compañías infractoras, de hasta el 4 % de su facturación.

Por otro lado, la Unión Europea ha tenido en cuenta una serie de aspectos a nivel policial y judicial, referentes al intercambio de datos entre países. Lo que se ha hecho es establecer estándares comunitarios, una serie de límites y también ciertas salvaguardas. “La intención es proteger a las personas implicadas en investigaciones policiales o procesos judiciales, sea como víctimas, acusados o testigos”, han explicado las autoridades europeas, y al mismo tiempo dar pie a “una cooperación más rápida y efectiva entre las autoridades policiales y judiciales”. Se sabe que Reino Unido e Irlanda aplicarán esta directiva sólo en parte y que Dinamarca todavía tiene que decidirse.